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“El Mini Lic” interpuso amparo contra orden de su aprehensión

Hay no mas para que miren: “El Mini Lic” interpuso el pasado 5 de marzo ante el Juez Segundo de Distrito con sede en Culiacán el amparo 169/2015 contra “la orden de aprehensión y su ejecución, así como la orden de arraigo”.


Foto del Internet

Una orden de aprehensión en contra de Dámaso López Serrano, mejor conocido como “El Mini Lic”, ahijado de Joaquín “el Chapo” Guzmán, líder del cártel de Sinaloa que actualmente lleva un año en prisión.

Medios nacionales publicaron citando a fuentes de la DEA y de la PGR que “El Mini Lic” era uno de los perfiles que podrían ocupar el liderazgo de la organización sinaloense.

Sin embargo, por sucesión natural también se identificó a su padre Dámaso López Núñez, quien era uno de los cercanos colaboradores de Guzmán Loera desde que se fugó del penal de Puente Grande, en Jalisco.




Además, también fueron libradas sendas órdenes de aprehensión en contra de dos tíos de López Serrano. Se trata de Álvaro y Adolfo López Núñez, hermanos de “El Licenciado”.

De acuerdo con información consultada en la Judicatura Federal, “El Mini Lic” interpuso el pasado 5 de marzo ante el Juez Segundo de Distrito con sede en Culiacán el amparo 169/2015 contra “la orden de aprehensión y su ejecución, así como la orden de arraigo”.

Dicha orden fue emitida, según la información pública, por el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales del Distrito Federal, por delitos relacionados con el narcotráfico.

Un día después, el 6 de marzo, el juez Segundo concedió una suspensión provisional contra López Serrano, por lo que el caso se va a litigio en tanto se resuelve el amparo de fondo.

En cambio, los hermanos de “El Licenciado” presentaron cada uno un juicio de garantías ante el Juez Cuarto de Distrito con residencia en esta capital, iniciando los expedientes 138/2015 y 141/2015. La fecha de presentación de la demanda en ambos casos fue el 20 de febrero pasado.



Aunque se conocían sus andanzas por Culiacán y Eldorado, el perfil de Dámaso López Serrano apenas era el de un joven no mayor de 30 años, que gustaba de las fiestas y los excesos. El narcocorrido interpretado por Gerardo Ortiz también lo puso en la mirada pública, lo mismo que sus supuestas incursiones en redes sociales, en donde se conocen fotografías.

Tras la captura del Chapo, tanto su padre y él se replegaron al bajo perfil. De las ruidosas fiestas con grupos de moda, pasaron a la fiesta privada.

“El Mini Lic” es uno de los perfiles más jóvenes de una nueva hornada de narcos, una generación ya distinta a la de sus padres, que aprendieron a exhibirse más temprano gracias a las imágenes que se reproducen frenéticamente en la web.

Junto a López Serrano gravitan figuras, no solo en narcocorridos sino en fotografías, personajes fichados por Estados Unidos y México, como Ismael Zambada Imperial, “el Mayito Gordo”, Serafín Zambada Ortiz, ambos hijos del Mayo Zambada.

También parte de la generación de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, también herederos de un trozo del imperio criminal que forjó el Chapo.

Por el contrario, de los hermanos de “El Licenciado”. El periódico El Excélsior, citando a fuentes del Ejército, señaló que Adolfo López Núñez se desempeñó como supervisor operativo de la entonces Policía Judicial del Estado, cargo al que renunciaría el 1 de mayo de 1996.


En esa época, Dámaso era un abogado conocido en Culiacán, que de ser policía judicial pasó a agente del ministerio público, y de ahí brincó al servicio público federal.

De Álvaro López Núñez, en cambio, los registros son nulos. La escasa información del juicio que interpuso en febrero es que es contra una orden de aprehensión y su ejecución, lo mismo que Adolfo.


El último día de diciembre de 2012, Dámaso López Núñez obtuvo un amparo definitivo contra una orden de aprehensión librada en su contra por el juez Primero de Procesos Penales Federales del Estado de México, por los delitos de operación de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

El documento  de la causa penal 88/2009 señala que fue a raíz del decomiso de  5 millones 293 mil dólares así como armas, vehículos en una casa de seguridad en el Centro de Culiacán, la PGR comenzó a seguir la pista al “Licenciado”.

De acuerdo con el parte militar del decomiso, la madrugada del 4 de junio de 2008, un grupo de soldados pertenecientes al 94 Batallón de Infantería de la Novena Zona Militar patrullaban el sector Centro de Culiacán cuando recibieron una llamada de la comandancia, que se dirigieran a un domicilio ubicado a espaldas del Edificio de Rectoría, por la calle Teófilo Noris.

Quien dio la orden se los advirtió: había hombres armados integrantes del cártel de Sinaloa, por lo que la recomendación fue ir con precaución.

El soplo los llevó hasta la casa de seguridad, aproximadamente a las 5:45 horas. Al arribar, narran los militares en el parte, observaron a dos hombres con fusiles de asalto, los cuales al verlos cortaron cartucho y corriendo dentro de la casa.

Los militares ingresaron por el portón de la cochera abierto, pero manifestaron que los armados lograron escapar brincando la barda que da a un estacionamiento.

En el domicilio hallaron dos escuadras, la del LIC, y una .9 milímetros, la libreta, dos camionetas y los 5 millones.

Sin embargo, sería has un año después en la PGR con sus agentes de la SIEDO buscarían una serie de casas vinculadas con la organización sinaloense, y dieron con Sandra Gisel Acosta Quintero, quien a la sazón era la viuda de Julión Beltrán, un prominente narcotraficante asesinado años atrás.

Además de Sandra Gisel fueron arrestados en Las Quintas al ex agente de la Policía Federal, César Tovar Chávez, Vanessa Selene Muñiz Ortiz y a Juan José Olguín Casillas. En la casa que aseguraron localizaron dinero y equipo sofisticado para intervenir llamadas.

A los cuatro se les vinculó con Dámaso López, pues en el domicilio de Las Quintas además de equipo para rastrear llamadas, para fabricar credenciales y escanear documentos, hallaron nuevos indicios de que El Licenciado andaba por ahí delinquiendo.

Sin embargo, al final el caso concluyó con un amparo otorgado a López Núñez debido a que el ministerio público federal no logró acreditar los delitos que se le imputaron.



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